Si bien no estamos en Copenhague, en donde de acuerdo con James Joyce “los policías pueden ser reemplazados por gatos”, debido a que sus funciones consisten en estar “todo el día básicamente en sus casas, tendidos en sus camas, fumando cigarros y bebiendo suero de mantequilla, mientras leen cartas de mujeres mayores que les escriben cuando quieren cruzar la calle, o de muchachos que escriben porque quieren más dulces, o de muchachas que quieren saber algo acerca de la luna”. En Colombia, uno de los países con mayores índices de criminalidad del mundo, en el cual en el último año se registraron 12.825 homicidios de acuerdo con cifras oficiales, la policía, sin duda, cumple una función pública esencial que no podría ser garantizada por simples gatos, como lo sugiere James Joyce.
Sin embargo, los niveles de brutalidad policial que se registran en el país llaman la atención sobre una conducta de parte de esta institución que contradice la garantía de seguridad ciudadana. Al punto que hoy, la ciudadanía, no solo siente que tiene que cuidarse de los criminales engendrados en el seno de nuestra sociedad, sino también de esta institución.
De acuerdo con la ONG Temblores en Colombia entre los años 2017 y 2019 hubo 639 homicidios, 40.481 casos de violencia física y 241 de violencia sexual perpetrados por esta institución. Es decir que de los 12.825 homicidios globales del año pasado; la policía es responsable en más de 180. Dicha situación agravada la última semana por los eventos ocurridos en Bogotá el 9 y 10 de septiembre es un hecho lamentable e ignominioso que enciende las alarmas sobre una conducta que debe ser removida y desterrada en el país.
Es fundamental, por lo tanto, que toda la sociedad reflexione sobre la forma en que el Estado, sus agentes de seguridad y los ciudadanos del común deben relacionarse, de manera que la seguridad, la integridad y el respeto a la vida de las personas no sean violadas bajo ninguna circunstancia, mucho menos en circunstancias como las jornadas de protesta social que exigían justicia y el cese de la criminalidad policial frente al asesinato del abogado Ordoñez.
Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamada por los enciclopedistas franceses en 1789, los derechos naturales (La vida, la seguridad, la libertad, la resistencia a la opresión, etc.,) fueron concebidos como el fundamento para la creación de los Estados modernos, cimentados con base en la función pública y el respeto a los derechos humanos; razón esencial del Estado que al ser creado como una “asociación política para la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre”, es la única entidad capaz de velar y garantizar, mediante el ejercicio de la fuerza pública (La cual no se circunscribe únicamente a brindar seguridad), estos mismos derechos en beneficio de la comunidad. Este asunto explica por qué la actuación de algunos miembros de la policía en el caso del ciudadano Ordoñez es contraria al orden constitucional fijado por la Carta Política del país, pues nadie puede ser acribillado, ni torturado, ni afectado en su dignidad e integridad humana por la fuerza pública.
El Procurador General lo ha expresado recientemente así, con base en el Art 218 de la Constitución Nacional: “En las democracias, la Policía es un cuerpo civil preventivo, cercano al ciudadano y que genera confianza”. De esto se desprende que, las actuaciones de la policía de la semana pasada son equiparables a las actuaciones que estos mismos órganos comúnmente suelen adoptar en las dictaduras, en las cuales, según el mismo Procurador: “La Policía es un cuerpo militar, represivo y autónomo frente al poder civil”.
En el país urge actuar por la reforma a una institución que, como la Policía Nacional, no es garantía de respeto a los derechos ciudadanos para la cual fue creada como institución social y cuyo sostenimiento nos cuesta una gran porción del presupuesto nacional. Esta reforma debe garantizarles a los ciudadanos el derecho a la seguridad, a la integridad, al debido proceso, a la protesta, a la libertad de expresión y sobre todo, el derecho a vivir sin miedo: De la policía… Como en el cuento de James Joyce.
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