En las últimas semanas, se desató una lluvia de reclamaciones ciudadanas, en la región del Magdalena Medio Santandereano, en contra de la ESSA – Grupo EPM y los excesivos costos de las tarifas del servicio de energía eléctrica.
Hemos visto como usuarios y habitantes de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra, entre otros municipios; han inundado las redes sociales con justas peticiones y fotografías de sus recibos, para denunciar el incremento desproporcionado y abusivo del valor de los “recibos de la luz”.
El alto precio en los servicios públicos domiciliarios, ha tenido dos efectos negativos: de un lado, la grave afectación al mínimo vital de numerosas familias vulnerables, que ven reducido el esfuerzo de su trabajo, al pago de estas facturas y, de otra parte, la disminución en la competitividad de los comerciantes y pequeños empresarios, que sufren un desmesurado aumento en sus costos de producción, frenando la economía como motor del desarrollo regional.
Las condiciones de pobreza que afronta la población ribereña, la actual pérdida del empleo y el progresivo colapso de la economía formal e informal, por cuenta de la emergencia sanitaria, se profundizan con el problema de las altas tarifas, razón por la cual, el Estado en cabeza del Gobierno Nacional y el Congreso, deben buscar alivios temporales y alternativas estructurales al problema planteado.
La pretensión de los ciudadanos indignados, es la realización de una profunda revisión del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica, que implique valores más equitativos y acordes con la realidad socio económica de la región; ya que los servicios públicos, son inherentes a la finalidad social del Estado y su propósito es generar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En ese orden de ideas, los principios de solidaridad y la garantía de un orden político, económico y social justo, son postulados que deben encontrar un mayor sentido práctico, más en este momento, donde el grueso de la población, se encuentra en una situación generalizada de riesgo y fragilidad económica.
Algunas Propuestas
Surge entonces la pregunta fundamental: ¿Que hacer frente al desproporcionado costo en la tarifa del servicio de energía eléctrica?
Para dar respuesta a este interrogante, recogimos las opiniones de algunos líderes sociales y conocedores del tema, compartidas en sus redes sociales:
David Díaz Oviedo: Propone la modificación de la fórmula tarifaria (resolución 119 de 2007) y la reforma de la resolución 355 de 2004, en el sentido de ampliar los actuales rangos de consumo básico o de subsistencia (destinados a cubrir las necesidades básicas de las familias).
Yulis Eduardo Lizcano: Plantea la instalación de mesas de trabajo, que involucren a la ESSA Grupo EPM, mandatarios locales, autoridades nacionales y representantes de los usuarios, para definir las bases económicas y comerciales, que permitan revaluar las actuales tarifas de energía, bajo los principios de equidad y solidaridad.
Gustavo Moreno: Expone la necesidad de una reforma legislativa, que establezca una política regulatoria con enfoque territorial, que admita la fijación de tarifas diferenciales para aquellos territorios con altas temperaturas.
Delfina Alcocer: Convoca a la movilización ciudadana y al pacifico ejercicio de la protesta (“yo bajo el taco”), como mecanismo de control y presión social, para que la ESSA-EPM, promueva espacios de diálogo, tendientes a concertar participativamente el modelo tarifario ante los organismos competentes.
Otros ciudadanos, también han planteado, que los Alcaldes evalúen, la posibilidad de reducción de la tarifa del alumbrado público en cada territorio, en el marco de sus competencias.
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En mi sentir, todas las alternativas formuladas, van en la dirección correcta; sugiriendo adicionalmente, que todos los Alcaldes de los municipios afectados, formulen y presenten de manera conjunta, una propuesta de reforma al esquema tarifario, inspirada en criterios de equidad y solidaridad, por medio de los congresistas santandereanos.
Con fundamento en todo lo expuesto, me sumo a las voces de indignación y reclamación por una tarifa justa y equitativa en los servicios públicos, como causa común y de interés general, que nos debe conducir a la unidad y a la activa participación en aquellas iniciativas, que permitan reivindicar nuestro derecho a una vida en condiciones dignas.
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