Los sindicatos Sintraproaceites, Sintrapalma, Sintrainagro y Sutimac, con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se reunieron en la sede de Barrancabermeja de la Unión Sindical Obrera (USO) con la comisionada Lucía González.
En la reunión, las organizaciones sindicales mostraron su intención de ser reconocidas, como víctimas y se visibilicen los hechos violentos que afectaron al colectivo. También, manifestaron su voluntad de participar en el proceso de esclarecimiento de la verdad con la esperanza de que esta labor permita la reconciliación y no repetición.
Y es que la verdad de los sindicatos en el Magdalena Medio atraviesa la realidad de la disputa del territorio como corredor estratégico para actores del conflicto armado por razones como: la abundancia, en algunos de sus territorios, de oro, petróleo y otros minerales; la facilidad para la producción de cemento y mármol en Puerto Nare y los municipios antioqueños del Magdalena; y la vocación de los suelos para el cultivo de la palma en el sur del Cesar y el sur de Bolívar.
También, en estas zonas, parte del conflicto ha estado bajo los pies con el paso de la barequería a la bonanza minera del oro y el mármol. Según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) más de 2.500 personas que vivían de esta labor y quedaron desocupadas, tuvieron que organizarse para defender sus derechos en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción -Sutimac- apoyados, en sus inicios, por Jorge Eliecer Gaitán.
La situación no mejoró, ya que a mediados de los años ochenta cada 15 días era asesinado un dirigente sindical, “más que acabar con un líder acabaron con un deseo de lucha. Hoy, la forma de exterminio cambió, los sindicalistas no han podido aspirar a cargos de elección popular porque hacerlo significa ponerse un INRI en el pecho”, aseguraron las organizaciones.
Los trabajadores les dieron forma a sus luchas y éstas se pagaron con la vida de más de 38 dirigentes en Puerto Nare, amenazas contra afiliados, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, y más de un centenar de detenciones arbitrarias.
“La violencia dejó cientos de sindicalistas, palmeros y cementeros asesinados, y con el Partido Unión Patriótica exterminado, se dio un ambiente propicio para desmontar conquistas laborales”, dijeron los líderes sindicales, argumentando que desde entonces existe el temor a la huelga, los paros, a presentar un pliego de peticiones y, sin embargo, la organización sindical no se ha caído. En sus palabras, “no se han dejado acabar”.
Sutimac, que agremia trabajadores del sector de materiales, tiene en la actualidad 2600 afiliados a nivel nacional y 23 seccionales, pero la resistencia de este sindicato no ha sido el panorama de todos.
Por ejemplo, en Cementos del Nare existían dos directivas sindicales y la de Caracolí que tenía más de 200 trabajadores hoy no tiene más de 42, según los sindicalistas, por la violencia y la incursión de paramilitares que han venido exterminando la organización sindical.
Las expectativas de los sindicatos respecto al informe final de la Comisión es que se puedan llegar a responder preguntas como ¿por qué la política de contratación se dio con violencia? ¿a quién le interesó deslegitimar la huelga y promover las contrataciones por el sistema cooperativo para acabar con los sindicatos? y ¿de quién es el interés de exterminar a los sindicalistas?
