Se cumple un año del proceso de revocatoria que se adelantó en Barrancabermeja en contra del primer mandatario Darío Echeverri, por el cual se encuentra en detención domiciliaria, junto a sus colaboradores Cristian Juliao Camacho, Jhon Jairo Moros y Diego Armando Acosta.
Al burgomaestre luego de salir victorioso en la contienda electoral que se llevó a cabo el pasado 2 de julio de 2017, que buscaba revocarlo, se le complicó la situación por supuestamente, haber interferido de manera irregular en el desarrollo de la consulta.
La Fiscalía General de la Nación emitió orden de captura desde el pasado 6 de febrero por los delitos de concierto para delinquir, perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante y corrupción de sufragante.
La investigación, fundamentada en denuncias, entrevistas y la información entregada por la Misión de Observación Electoral (MOE), da cuenta de una serie de irregularidades registradas seis meses antes de las elecciones de revocatoria del mandato al alcalde local.
A su vez el mandatario enfrenta otro proceso legal por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
De acuerdo con la investigación, la Exsecretaría de Desarrollo Social, Yenny Ruizdías Muñoz, suscribió en el año 2016 un convenio de cooperación para el fortalecimiento de la historia y la identidad cultural de Barrancabermeja por $348’874.000, millones de pesos 8 el cual fue ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Social y Científico, Fundesocol.
En dicha ejecución, según evidenció el ente acusador, presuntamente se vulneró el principio de transparencia y economía en la contratación estatal.
Hasta el momento es incierto el futuro del primer mandatario Darío Echeverri y de la ciudad, se espera se adelanten las audiencias que definiría su participación en dichos procesos.
Mientras tanto continua de alcalde encargada Francy Elena Álvarez.
