En las últimas semanas, Madagascar ha generado controversia a nivel internacional al aprobar una ley que permite la castración, ya sea química o quirúrgica, como castigo para los violadores de menores. La decisión ha desencadenado opiniones encontradas, especialmente entre grupos defensores de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que ha instado a derogar esta ley, argumentando que es cruel, inhumana y degradante, y que vulnera los derechos fundamentales de los condenados.
La nueva medida legal busca abordar el preocupante aumento de casos de violación de menores en el país. Según estadísticas del año pasado, en 2023 se registraron 600 casos de este delito en Madagascar, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas para combatir esta problemática social.
Sin embargo, la reacción internacional ha sido intensa, con Amnistía Internacional liderando la oposición. La organización sostiene que la castración como castigo es una violación de los derechos fundamentales y no garantiza la disminución de la cifra de violaciones hacia menores. Además, argumentan que este tipo de medidas extremas pueden tener efectos contraproducentes, generando preocupaciones sobre la posibilidad de que se perpetúe la violencia y el estigma hacia los condenados.
La controversia se profundiza dado que la castración, ya sea química o quirúrgica, es una medida extrema que ha sido objeto de debate en muchos países debido a sus implicaciones éticas y de derechos humanos. La sociedad malgache se encuentra dividida sobre la eficacia y ética de esta nueva ley, mientras que el gobierno defiende la necesidad de medidas fuertes para proteger a los menores y disuadir a posibles agresores.
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