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El embolate de las 2 mil viviendas

por Melissa
Foto/ Darío Echeverri

Ciudadela Centenario es el proyecto bandera del gobierno actual de Barrancabermeja,  que pretende hacer realidad la construcción de 2.000 unidades básicas de vivienda. Este proyecto estaría ubicado en la comuna 7 y se usarían 40 hectáreas para su construcción.

Desde que se empezó su socialización a principios de 2017, el gobierno tuvo inconvenientes con la adquisición y legalización del predio, por una aparente invasión del terreno por parte de particulares que alegaban ser propietarios.

Para dar inicio a la obra, el pasado miércoles 27 de septiembre, por orden judicial, cinco casas fueron demolidas, y desalojadas las personas que habitaban allí.

 

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Desalojo finca El Retiro, el pasado 27 de Septiembre 

Sin embargo,  los perjudicados, insisten  en que el procedimiento fue inapropiado y que además el desalojo no es válido ya que geográficamente el terreno donde estaban sus casas, no entra entre la parte que corresponde para la ejecución de dicho proyecto.

Adicional a esto, aseguran que no tuvieron apoyo de ninguna entidad, aun cuando tienen pruebas y papeles que los respaldan.

Por otro lado, la Empresa de Desarrollo Humano y Vivienda de Interés Social, Eduba, quien es la entidad encargada de realizar este proyecto, asegura que el desalojo fue ejecutado de la forma correcta y que el terreno sí pertenece al Municipio.

Así lo ratificó el Tribunal Superior de Santander, por el Magistrado Carmelo Tadeo Mendoza Lozano, que en sentencia de tutela, confirmó que los propietarios del terreno donde se construirá dicho proyecto, La Puerta o Matadero, es de Eduba. Y que además, el proceso para la recuperación del Predio se hizo bajo las normas que rige la Ley.

No obstante, la contraparte, que está asesorada por el abogado penalista, Carlos Bayona y el arquitecto, Samuel Rueda, asegura que hubo faltas y arbitrariedades en el debido proceso,  y no presentaron los títulos originarios del terreno, ya que en Colombia, el tema de propiedad se demuestra con la presentación de un título originario que previene del Estado.

Y añade «el predio no tiene ese título, ellos muestran una escritura y un certificado de libertad y tradición, y han hecho modificaciones a su conveniencia”

También expresó  que el próximo 24 de noviembre, hay una audiencia de la Agencia Nacional de Minería donde cita al Municipio por perturbación minera, ya que el terreno está sobre un título minero desde el 2006 y estos títulos son otorgados por un periodo de 30 años.

Asegura tener evidencias y documentos que respalda sus declaraciones.

 

Se espera que el próximo fallo sea a favor, pues de no ser así, se hará una denuncia en el Derecho Internacional Humanitario, ya que los perjudicados son víctimas del proceso y no se pueden victimizar dos veces.

 

Finalmente, Eduba también asegura que se les dará una compensación solo a los propietarios del terreno, más no a los “vivientes” o a las personas encargadas de cuidar el espacio. Hecho que aún no se ha llevado a cabo, tal y como se dice en las redes sociales.

Entre tanto antes de que se acabe el año, Eduba dará a conocer la primera lista de beneficiados con el proyecto.

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