La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a la empresa de telecomunicaciones Claro una multa de $983.139.360; equivalentes a 1.120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por poner trabas al momento en el que sus clientes querían cancelar el servicio, vulnerando el derecho de libre elección de los mismos.
La misma entidad inició una investigación desde 33 quejas que hicieron los usuarios y la información suministrada por la empresa que exigió la SIC.
“3.416 fueron los casos a los que la empresa no les dio cumplimiento a la solicitud de terminación de contrato que realizaron y por remitir información inexacta sobre la presentación de quejas de sus usuarios ante la imposibilidad de terminación del contrato y cambio de modalidad de pospago a prepago”, indicó la SIC.
Por otro lado, la SIC indicó que Claro “no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente”.
Comprobando con dicho material que “omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica; exigiendo a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley y, en otros casos; se exigieron requisitos adicionales para el trámite de la solicitud de terminación del contrato, e incluso se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud de terminación del contrato por parte de los clientes”.
Afirmó también que durante el primer semestre del año 2018, Claro le manifestó a la entidad que recibió un total de 4.611 quejas; mientras que al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le reportó 28.060 casos durante el mismo periodo.
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