La Ley de Garantías prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades públicas del orden municipal, departamental y distrital, celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección.
“La Ley de Garantías es el conjunto de normas, restricciones o prohibiciones que permiten garantizar estándares de transparencia y equilibrio electoral. Se prohíbe la autorización de uso de bienes públicos para actividades de campaña electoral”, señaló Laura Galvis, profesional del Componente de Administración Pública y Transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE).
La ley empezó a regir este jueves 29 de junio, en concordancia con la cercanía a la temporada de elecciones territoriales y teniendo en cuenta que el próximo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de gobernadores, diputados, concejales municipales y distritales, ediles o miembros de juntas administradoras locales, alcaldes municipales y distritales.
En este periodo, de acuerdo a la ley 2159 de 2021, se pueden celebrar convenios interadministrativos en los cuales no intervengan entidades del orden territorial y que no impliquen la ejecución de recursos.Esta ley se creó con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas.
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