Funcionarios durante el periodo de la gobernación de Richard Aguilar entre 2012 y 2015; estaría a punto de revelar la presunta corrupción en dicha administración, tras acogerse ante la Fiscalía a principio de oportunidad.
Estos beneficios les serían dados a cambio de prender el ventilador y contar cómo funcionaba el esquema bajo el cual pedían millonarias coimas a cambio del otorgamiento de contratos. En este caso también está involucrado el representante a la Cámara Edwin Ballesteros Archila, quien habría intermediado en el trámite.
Los colaboradores de la Fiscalía serían Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, de acuerdo con la investigación; recibía instrucciones de Richard Aguilar y de otros funcionarios de la administración departamental sobre los procesos de contratación, y a quiénes debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.
Cabe recordar que Toledo es procesada por interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir, mientras que a su esposo; le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.
Los testigos tendrán que declarar, también, contra Edwin Bastelleros Archila, actual represente a la Cámara por Santander, quien, presuntamente; se interesó indebidamente en el contrato de la construcción del acueducto regional de Landázuri, Santander y, sacó provecho de dicha contratación, apropiándose de recursos públicos.
Los aspirantes deberían testificar que el representante recibió de un contratista la suma de 600 millones de pesos para que le fueran entregados al exgobernador Richard Aguilar; con el fin de que le adjudicaran dos proyectos en obras de alcantarillado en Barichara y Chipará, municipios de Santander. Esta contratación sería a través de la sociedad ESANT. SA.
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