Tras cumplir un fallo policivo del desalojo voluntario, el predio El Piñal, o llamado asentamiento humano Villa María, ubicado a menos de 2 kilómetros del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja. A los funcionarios le llegaron las amenazas para abandonar el territorio.
Después de desalojo de las familias ocupantes del lote El Piñal, en Barrancabermeja, Santander; el secretario del Interior del distrito denunció que fue amenazado junto con dos funcionarias más de la administración, que hicieron parte de hacer cumplir la orden. Por ello, El secretario Adith Romero Polanco, pidió apoyo el gobierno nacional y la UNP para su protección.
“Dicen que nos van a matar, que nos dan 24 horas para que nos vayamos de la ciudad.”
Desde el lunes, 4 de diciembre de 2023, cerca de 700 uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento (Undmo) de la Policía, desplegaron un operativo para adelantar el desalojo de más de 600 personas que habían ocupado el predio El Piñal. Tras cuatro días del desalojo, el dueño del predio mandó a demoler las viviendas que habían sido construidas en este terreno.
Es de anotar que este proceso que venía vigente desde el año 2022, pero no había sido posible antes porque, el apoderado de las personas que habitan este lote, interpuso una serie de tutelas que dilató todo este proceso. Pero, finalmente, bajo la veeduría de la inspectora de policía, secretarios de la alcaldía, acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, entre otros entes, los ocupantes fueron retirados, sin necesidad del uso de la fuerza.
Pese a que el secretario que realiza la denuncia asegura que no hubo uso de la fuerza y que todo se hizo bajo el diálogo y sin ningún tipo de traumatismo, ni hubo necesidad del uso de la fuerza, las amenazas llegaron directamente dirigido hacia ellos. El funcionario asegura que desconocen de donde vienen estas amenazas y que hasta el momento ningún grupo armado se lo ha atribuido.
¿Qué pasará con los habitantes?
En medio del proceso, un juez puso como condición que antes de proceder al retiro los habitantes fueran caracterizados, donde se identificó que varios de ellos eran víctimas del conflicto armado. Finalmente, los habitantes recibirán un subsidio de la alcaldía por una suma de 500.000 mil pesos por 7 meses mientras logran estabilizar sus condiciones de vida.
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