Son 30 casos los que la sala plena de la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, recibirá en Barrancabermeja con relación a la violación de Derechos Humanos en la región del Magdalena Medio a manos de las Fuerzas Armadas del Estado contra la población civil de este territorio. El documento será proporcionado por la Corporación Regional Credhos mañana a las 2:00 de la tarde en la Universidad Cooperativa de Colombia bajo acto público con la presencia de los seis magistrados de la Sala.
El informe
El principal y único criterio que caracteriza este informe, de 160 páginas según Iván Madero, presidente de la organización, es la recopilación de las voces de las víctimas en diferentes latitudes regionales que conllevaron a construirlo desde la perspectiva desde las violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones que representaban al Gobierno Nacional y que, en realidad, debían garantizar y salvaguardar la vida de las poblaciones en medio del conflicto armado.
“Buscamos demostrar que la mayoría de víctimas estuvieron por fuera de la confrontación armada en el marco del conflicto y el Estado colombiano omite responsabilidad frente a los ataques que vivió la población civil” explicó Iván Madero, quien señaló que además esperan que quienes acordaran el cese del conflicto también presenten sus propios informes bajo el recuadro del Derecho Internacional Humanitario como partícipes de la guerra, pero “nosotros daremos a conocer las víctimas civiles perjudicada por las acciones y omisiones del Estado”, concluyó la Corporación.
Este es el primer informe que la Jurisdicción Especial para la Paz recibe durante su periodo de recopilación de informes, el cual será de seis meses.
Treinta casos
Los casos más representativos que este documento señala y data son, por ejemplo, la masacre de Coteros y la masacre de San Lorenzo, ocurrida en el sur de Bolívar contra población indefensa. También las ejecuciones extrajudiciales de los esposos López, campesinos comerciantes de las zonas aledañas al sector de La Virgen que fueron desaparecidos por desconocidos una noche cualquiera cuando caminaban a orillas de la carretera, o el caso de Álvaro Rincón, situación reseñada en 2016 por la organización.
La presencia de los seis magistrados de la primera sala, Sala de Reconocimiento, permite percibir la importancia de los hechos violentos que marcaron el pasado de Barrancabermeja y el Magdalena Medio que, ante la justicia especial, se esperan conozcan la verdad y permita la reparación y la no repetición que se vocifero como bandera del acuerdo. Recepcionados los 30 casos en el informe, la Sala Primera los estudia y, según su criterio de análisis, los traslada a una segunda sala, donde el ente comienza a llamar a los posibles responsable de los hechos señalados.
Cabe recordar que el Congreso de la República suprimió la posibilidad de llamar ante la JEP a civiles terceros que hayan participado o colaborado en el conflicto armado.
Segunda fase
“Analizados los documentos que mañana entregaremos por nuestra parte, serán ellos quienes decidan el proceder que debe tomar el rumbo de la investigación”, concluyó el Presidente de Credhos, quien referenció que esperan en los próximos cinco meses unir esfuerzos con más organizaciones para construir más documentos, pero con narrativas de las víctimas de grupos armados ilegales u otro actor del conflicto con presencia en la zona.
