Con el asesinato a dos líderes sociales en lo corrido de 2018 en la región del Magdalena Medio continuó la desfavorable racha con la que, ejercer acciones a favor de los derechos humanos, terminó 2017. Solo el año anterior se registraron, según cifras de la Defensoría del Pueblo y Credhos, 60 casos de amenazas a líderes comunales y defensores de derechos humanos en la región.
Mirada local
Víctor Morato y Nixon Mutis, liquidados en los dos primeros meses de este año por personas aún sin identificar por la justicia, lideraban ambos procesos a favor de sus comunidades como presidentes de Junta de Acción Comunal que fueron, especialmente sobre la sustitución de cultivos. “Ellos se desempeñaban como presidentes en la vereda La Rompida Uno en Yondó y el Punto Cuatro de Cantagallo, respectivamente”, confirmó Iván Madero, presidente de Credhos.
Según Brians Harnache, miembro del equipo técnico del Espacio de Derechos Humanos, la situación en Barrancabermeja es grave teniendo en cuenta la escasa eficacia con la que estarían actuando las autoridades en estas denuncias.
Las comunas que mayores agresiones manifestaron contra líderes y representantes de mesas de Derechos Humanos son la comuna tres y siete con 12 y 17 acciones ilegales respectivamente, detalla el informe dado a conocer durante el foro.
“De 43 denuncias establecidas en la Fiscalía, ninguna tiene avance judicial”, reclama Harnache durante su intervención en el Segundo Foro sobre Protección a Líderes y Defensores de Derechos Humanos que contó con la participación de la Secretaría del Interior departamental y el equipo coordinador de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; junto a líderes sociales de 18 municipios del Magdalena Medio, autoridades municipales y miembros de la fuerza pública.
El exponente señala, con datos en mano, que durante 2017 identificaron 51 agresiones individuales y cuatro colectivas en el municipio, además de un atentado criminal. “La fuerza pública argumenta que ante la imposibilidad de individualizar a los agresores no es posible establecer una investigación que determine culpables, dejándolo en impunidad. Colombia es el octavo país en casos contra líderes y defensores de Derechos Humanos”, concluyó.
En lo corrido del presente año, el equipo técnico del Espacio de Derechos Humanos ha remitido a la Unidad Nacional de Protección seis casos para estudio, a la espera de conocer si es oportuno o no determinar medidas de protección al perjudicado.
La respuesta institucional
Ante las reiteradas denuncias del incremento de amenazas – y asesinatos a nivel nacional – a activistas de Derechos Humanos, el comandante de la estación Barrancabermeja de la Policía Nacional, el mayor Alejandro Torres, replicó que la institución cuenta con personal capacitado dispuesto a responder ante todas las situaciones que pueda perjudicar la convivencia del municipio y la región.
“El grupo asignado de Derechos Humanos de la Policía nacional conlleva diferentes estrategias que buscan garantizar el libre ejercicio de sus labores. Contamos con un canal directo de protección que permite esclarecer hechos que vulneran su seguridad”, manifestó el Mayor.
El Comandante comunicó que su departamento policial no registra casos en particular sobre amenazas a líderes y defensores sociales, pero precisó que los dos hechos punibles contra Víctor y Nixon sí están bajo la lupa de los entes investigadores regionales. “Contamos con seis funcionarios en la oficina de Derechos Humanos, especifica el mayor Torres, quienes reiteradamente se encuentran con los líderes comunales para establecer estrategias que se puedan llevar a cabo en pro de su seguridad”.
La cifra
Según la Policía Nacional Barrancabermeja presenta un descenso de los homicidios del 92% en comparación al mismo periodo de 2017. Disminución que también se refleja en la región, con un 22 por ciento menos.
Incumplimiento
Ante estas positivas cifras, las organizaciones sociales, a través de informes sustentados en investigaciones de campo y entrevistas con la ciudadanía perjudicada, precisan que a Barrancabermeja urgen métodos más eficaces eficientes al momento de aplicar las rutas de protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y víctimas de lo ya ocurrido hasta la fecha.
“Por ejemplo, la falta de compromiso político por parte de las autoridades municipales para con los líderes comunales es un riesgo grave para sus labores. No contar actualmente con una política pública que permita blindar y fortalecer los mecanismos de protección refleja el incumplimiento político por parte de nuestros dirigentes”, concluyó el Presidente de la Corporación Regional para los Derechos Humanos – Credhos.
A nivel nacional
En Colombia, según un informe de la ONG Programa Somos Todos, el panorama también es desalentador al concluir que, a cierre de diciembre 2017, en el país se conocieron 106 hechos fatales contra líderes y defensores de Derechos Humanos, 32.5% más con relación a 2016. El informe además precisa que cada tres días fue ultimado un líder comunal en el territorio nacional, representado así: 87 masculinos, 16 mujeres y tres de la comunidad LGBTI.
