Una decisión judicial puso un freno provisional a los bombardeos contra grupos armados en Colombia cuando exista información sobre la posible presencia de niños, niñas o adolescentes. La medida fue adoptada por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, que admitió una acción de tutela relacionada con la protección de menores reclutados o utilizados por estructuras armadas.
La orden está dirigida a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, entre otras instituciones. El juzgado dispuso que se abstengan de realizar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos donde exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable de presencia de menores, mientras se adoptan y verifican las medidas de precaución necesarias.
La decisión también establece que las autoridades deberán determinar si existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo. El juzgado fundamentó la medida en la prevalencia de los derechos de los menores y en las obligaciones del Estado frente a la protección de niños y adolescentes en contextos de conflicto armado.
La medida es cautelar y provisional, por lo que no constituye todavía una decisión definitiva sobre la tutela. Además, el juzgado aclaró que no se trata de una prohibición general de las operaciones militares, sino de una restricción para aquellos casos en los que exista información verificable sobre la presencia de menores en el objetivo de una ofensiva aérea.
La tutela se conoce en medio de la polémica generada por recientes operaciones militares en Catatumbo y Guaviare, en las que se ha reportado la muerte de menores de edad.
