En Colombia el petróleo tiene algo de fantasma: aparece donde no se esperaba, revive en campos dados por muertos y, cuando se le da por acabado, siempre encuentra la manera de volver. La historia reciente de la industria nacional está marcada por estos “flotamientos” y sorpresas, que más que bendiciones, se han convertido en un espejo de nuestras contradicciones energéticas y políticas.
El episodio del pozo Lizama 158 en Santander, en 2018, es quizás el ejemplo más revelador. Un pozo viejo, prácticamente olvidado, comenzó a expulsar crudo y lodo sin control. La quebrada La Lizama y el Caño Muerto quedaron cubiertos por una mancha negra que se extendió kilómetros río abajo. La emergencia arrasó con peces y aves, y generó protestas en comunidades que se sintieron abandonadas por las autoridades. ¿Cómo explicar que un pozo casi inactivo, suspendido por su baja producción, de repente explotara con tal fuerza? Para los técnicos, una falla geológica o un error de presión; para los vecinos, la prueba de una industria irresponsable que juega a la ruleta rusa con el territorio.
Pero no se trata de un caso aislado. La Cira-Infantas, Casabe y Rubiales son nombres que ilustran otra faceta del mismo fenómeno: campos que parecían agonizantes y que, gracias a nuevas tecnologías de recobro mejorado, volvieron a producir miles de barriles diarios. Rubiales, por ejemplo, pasó de 400 barriles en los años noventa a más de 200.000 en 2013, convirtiéndose en el campo más grande del país. Lo que parecía un ocaso terminó en una resurrección. Una historia que, en el corto plazo, se celebró como éxito técnico y económico, pero que en el largo plazo mantuvo intacta la dependencia nacional del oro negro.
En este contexto aparece el fracking, esa palabra que divide al país en dos. Bajo el Magdalena Medio podrían yacer más de 4.600 millones de barriles de crudo atrapados en roca. Para algunos, es la oportunidad de garantizar autosuficiencia y regalías en tiempos de reservas menguantes; para otros, es un atentado contra los acuíferos y la vida. Ecopetrol ya ha cerrado la puerta al fracking en Colombia, el presidente Gustavo Petro lo rechaza frontalmente y, de hecho, ordenó retirar inversiones en esta técnica incluso en Estados Unidos. En contraste, la Unión Sindical Obrera advierte que abandonar esa carta es apresurado y peligroso, porque significa renunciar a ingresos vitales, a empleos y a la soberanía energética.
Tres posiciones, tres narrativas y un mismo dilema: ¿qué camino debe tomar Colombia? Mientras tanto, el reloj corre. Las reservas probadas de petróleo apenas alcanzan para siete años, los ingresos fiscales dependen todavía en un 30% del sector de hidrocarburos y las importaciones de gas aumentan. La transición energética se plantea como horizonte, pero aún sin una ruta clara de sustitución económica ni tecnológica.
El debate sobre el petróleo en Colombia no es solamente técnico. Es político, social y ético. Es la discusión sobre qué tipo de país queremos ser: uno que sigue exprimiendo hasta la última gota de sus campos, sin importar los riesgos, o uno que decide dejar bajo tierra parte de sus recursos para invertir en un futuro más limpio y sostenible. Lo cierto es que los “flotamientos” de crudo y los campos resucitados son un recordatorio de que los fantasmas del petróleo seguirán apareciendo mientras no resolvamos esa pregunta de fondo.
El petróleo en Colombia parece eterno, pero no lo es. Lo que sí puede ser eterno es el daño ambiental y social de una apuesta mal calculada. Por eso, el debate sobre fracking, reservas y transición no debería reducirse a una lucha de trincheras entre gobierno, empresa y sindicato. Necesita una visión de país, un consenso mínimo sobre soberanía, justicia ambiental y futuro económico. Porque la verdadera riqueza no está en los barriles ocultos bajo tierra, sino en la capacidad de decidir colectivamente qué hacer con ellos.