Hoy el país despierta indignado con otro presunto caso de corrupción, síntoma de la más penosa enfermedad de la sociedad, de la descomposición ética y de la profunda crisis de valores que padecemos: hacer de la tragedia humana, un negocio.
Entes de control, medios de comunicación y la ciudadanía, han advertido que aparentemente, en medio de la emergencia humanitaria desatada por el Covid 19, se estarían presentando, dos irregularidades en el manejo de los recursos públicos: 1. Los sobrecostos en las ayudas humanitarias (mercados y kits de aseo) y 2. El carrusel del ingreso solidario, con el uso fraudulento de cédulas de ciudadanía.
Respecto a las ayudas humanitarias, la primera alerta la emitió la Contraloría General de la República, informando que, al hacer seguimiento a las contrataciones realizadas en varios municipios, evidenció tres posibles hallazgos fiscales: un reducido reporte de la información precontractual; presuntos sobrecostos en el valor de la compra de productos y ambigüedades contractuales.
En relación al presunto desfalco del ingreso solidario, la alerta la generó el Senador del Polo Democrático Alexander López, a través de sus redes sociales, luego de observar numerosas inconsistencias con beneficiarios fantasmas, afirmando que: “Esto es un #FraudeDeEstado! Una persona fallecida con un número de cédula atípica, con diferentes nombres en diferentes bases de datos, es beneficiaria del subsidio de ingreso solidario”.
En su defensa, algunos mandatarios y asesores, han señalado que los sobrecostos no existen, sino que se trata de un mayor valor en las compras, derivado del pago de conceptos como: impuestos, estampillas, retenciones, descuentos, IVA y pólizas, que se genera en todo contrato suscrito con el Estado. Así mismo invocan circunstancias relacionadas con la oferta y la demanda de ciertos productos, que escasean en el mercado y por ende suben considerablemente de precio.
En cuanto al caso de las cédulas fantasmas, el Departamento de Planeación Nacional, informó que se trata de una falla técnica en el buscador y que, hasta el momento, se han realizado giros solo a personas con cuentas bancarias, por lo cual son destinatarios reales de las ayudas.
Ahora bien, más allá de los resultados que deberán arrojar las investigaciones en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia, es claro que, desde hace mucho tiempo, se ha roto la confianza ciudadana en la institucionalidad y en clase dirigente del país y por ello es importante recomponer la relación entre el Estado y la sociedad civil, sobre la base de la ética política ( principios y valores).
Tengo el convencimiento de que la corrupción, acaba con más vidas que la propia pandemia, porque anula la disponibilidad de recursos para nuestro enfermo sistema de salud, despoja de oportunidades a nuestros jóvenes y desfalca los programas de inclusión social destinados a las personas más vulnerables. Sin embargo la gente debe comprender, que la comercialización de la política, a través del voto comprado o amarrado y el asistencialismo electoral, los hace cómplices de los actos de corrupción que después hipócritamente lamentan.
Con fundamento en lo anterior y ante las constantes anomalías en el manejo de los asuntos y recursos públicos, la ciudadanía tiene un alto grado corresponsabilidad, pues en el escenario de lo público, el fenómeno de la corrupción, surge desde el momento en que elegimos nuestros gobernantes y de ahí surge el deber ético de evitar que la política se convierta en negocio.
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En conclusión, la ética política, es la más eficaz vacuna contra la pandemia de la corrupción e implica la transformación colectiva de nuestra cultura política, con base en principios de carácter ético, filosófico y/o humanista. Por eso valores como: la honestidad y la transparencia; deben orientar no sólo la administración pública, sino también el comportamiento político de los ciudadanos y los electores.
