Las calles de Los Ángeles, Paramount y Compton han sido escenario de fuertes disturbios desde el pasado 6 de junio, cuando se iniciaron una serie de redadas migratorias lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La respuesta ciudadana ha sido inmediata: miles de personas han salido a las calles para protestar contra lo que consideran operativos arbitrarios y discriminatorios.
Ante la magnitud de las manifestaciones, el gobierno federal ordenó el despliegue de más de 4.100 miembros de la Guardia Nacional y unidades de marines en el sur de California. Las fuerzas de seguridad han respondido con dureza, lo que ha derivado en 253 arrestos hasta el momento y un saldo preocupante de varios periodistas heridos mientras cubrían las protestas.
Organizaciones de derechos civiles como la ACLU y Human Rights Watch han expresado su alarma por el uso excesivo de la fuerza y la aparente vulneración del derecho a la protesta y a la libertad de prensa.
“El miedo se ha apoderado de nuestras comunidades. No podemos normalizar la militarización ante demandas legítimas de justicia migratoria”, declaró Marisol Díaz, activista de la organización “California Libre”.
El presidente aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero varios senadores y congresistas han solicitado una investigación sobre la actuación de las autoridades federales y locales.
Las protestas continúan creciendo y se espera que esta semana se realicen nuevas jornadas de movilización en varias ciudades del estado.
