La reciente ocupación de la Universidad Nacional de Colombia por parte de más de 11.000 indígenas ha puesto sobre la mesa un debate necesario, pero incómodo: ¿hasta qué punto se puede considerar legítima una protesta social cuando esta interrumpe derechos fundamentales como la educación?
Lo que comenzó como una participación anunciada de la Minga Indígena en las movilizaciones del 1 de mayo rápidamente escaló hacia una toma no autorizada de instalaciones académicas, incluyendo facultades y auditorios. Lo que en principio era un acuerdo limitado la presencia de 4.000 personas en la Concha Acústica, terminó desbordado por circunstancias como la lluvia, pero también por una falta de control y comunicación efectiva entre las autoridades y los líderes de la Minga.
Sí, es cierto que los pueblos indígenas han sido históricamente marginados. Sus demandas son legítimas y sus luchas por el territorio, la vida y la dignidad no deben ser ignoradas. Sin embargo, también es cierto que los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional una institución pública que también pertenece al pueblo, tienen derecho a desarrollar sus actividades en un ambiente seguro, libre de intimidaciones y con pleno acceso a la educación.
Las denuncias por el porte de machetes, las restricciones de acceso a salones y la suspensión de clases no pueden ser minimizadas ni justificados en nombre de la causa social. En una democracia, el derecho a la protesta no puede ni debe estar por encima del derecho a la educación. Ambos deben coexistir, y para eso se requieren límites claros, acuerdos respetados y canales de diálogo eficaces.
El rector de la universidad ha insistido en que la permanencia de los manifestantes depende del cumplimiento de acuerdos con el Gobierno. Pero, ¿y la universidad? ¿Qué garantías se están dando a la comunidad académica que hoy ve interrumpido su semestre, sus investigaciones, su cotidianidad?
La solidaridad no puede convertirse en silencio cómplice. Apoyar las causas sociales no significa aceptar cualquier forma de protesta. Es momento de que el Gobierno, las autoridades universitarias y los líderes indígenas retomen el diálogo y encuentren una salida que no sacrifique más clases, ni más derechos.
La Universidad Nacional no solo es un símbolo de resistencia; también es un espacio de formación, de pensamiento crítico y de encuentro. Preservarlo es responsabilidad de todos.
